Regulación de IA en Chile

Conviene distinguir con cuidado tres cosas que en la conversación pública chilena a veces se mezclan: una política pública (orientación de gobierno, sin fuerza legal obligatoria), un proyecto de ley (texto todavía en discusión, que puede cambiar o no aprobarse) y una ley vigente (norma ya aprobada y en vigor). En regulación de IA, Chile tiene lo primero desde 2021 y lo segundo en tramitación desde 2024; no tiene, a la fecha de la última fuente verificada, una ley de IA vigente.

La Política Nacional de Inteligencia Artificial se presentó en octubre de 2021, tras un proceso participativo iniciado en 2019-2020, con tres ejes: factores habilitantes (infraestructura, capital humano, datos), desarrollo y adopción de la tecnología, y gobernanza y ética. Es una hoja de ruta con un plan de acción asociado, no una ley: no crea obligaciones legales exigibles, sino compromisos de política pública. Su eje de gobernanza y ética fue actualizado después, ante el avance acelerado de la IA generativa.

El proyecto de ley que regula los usos de los sistemas de inteligencia artificial sí busca crear obligaciones legales. Fue ingresado al Congreso Nacional el 7 de mayo de 2024 por el gobierno del Presidente Gabriel Boric, a través del Ministerio de Ciencia, y luego se unificó con una moción parlamentaria previa. A diferencia de la política de 2021, este proyecto declara explícitamente aplicar "un enfoque de riesgo proporcional", inspirado en el Reglamento de IA de la Unión Europea: concentra las obligaciones más estrictas —documentación, evaluación de impacto, supervisión— en los usos con mayor potencial de daño a la salud, la seguridad o los derechos fundamentales, y deja usos de bajo riesgo con obligaciones mínimas o nulas.

Según la última fuente oficial verificable al momento de escribir esto, el proyecto aprobó su primer trámite constitucional en la Cámara de Diputadas y Diputados y pasó al Senado, donde —a fines de octubre de 2025— se encontraba en segundo trámite constitucional, siendo revisado por la Comisión de Desafíos del Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación. Meses antes, en julio de 2025, su informe financiero había sido rechazado por la Comisión de Hacienda de la Cámara, lo que no detuvo su tramitación legislativa. No fue posible confirmar, con una fuente verificada más reciente que esa, si el proyecto avanzó de comisión, si fue aprobado por la Sala del Senado o si se convirtió en ley: a la fecha de esa última fuente verificada, seguía en tramitación en el Senado, no promulgado.

Lo que se discute en el debate chileno no es tan distinto de lo que se discute en Europa sobre su propio modelo: si un "enfoque de riesgo proporcional" logra capturar bien los usos verdaderamente peligrosos sin frenar la adopción de IA en sectores de bajo riesgo, y si un país de tamaño mediano como Chile tiene la capacidad fiscalizadora —agencias, personal técnico, presupuesto— para hacer cumplir en la práctica una ley que, en el papel, se parece bastante a la europea.